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CASIMIRO JESÚS BARBADO LÓPEZ |
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LA MEZQUITA SALE POR EL ESTE (*) Discutir sobre la propiedad de la Mezquita o de la Mezquita-catedral, como usted prefiera, es un debate políticamente incorrecto y, a juzgar por el desconocimiento generalizado de la realidad, muy necesario. Lo sé por experiencia. Una mañana de mayo, durante uno de los recientes Paseos de Jane, y a remolque de la intervención de un experto/a jurista sobre otros edificios singulares, pregunté por la propiedad de nuestro emblemático monumento nacional. El coloquio, que hasta entonces había transcurrido en tono distendido, enmudeció de golpe. El interpelado/a respondió que la Mezquita es de la Iglesia, extrañándose de que esto pudiera cuestionarse. Tras constatar que solo existía esa única, superficial y contundente respuesta para la inmensa mayoría de los paseantes (casi todos universitarios), me sentí impulsado a pedir disculpas por sacar a colación un tema tan incómodo. Pero eso fue ayer y fruto de las circunstancias. Hoy insisto: ¿De quién es la Mezquita? Y para ser más prosaico: ¿De quién debería ser el “donativo” que se recauda por su visita? Lo hago aquí y ahora, mientras paseamos por las retorcidas líneas de esta polémica colaboración, alejados de las razonables reivindicaciones de desahucio espiritual del edificio o de uso compartido.
Que la Mezquita pertenece a la Iglesia Católica, puesto que entre sus muros se construyó la Catedral hace cientos de años, es de ese tipo de “verdades” que no resisten un análisis objetivo. La Historia nos muestra que la Mezquita siempre ha sido un bien de dominio público, incluso durante la Dictadura, hasta que en marzo de 2006, el Obispo de turno la inscribió por primera vez (la “inmatriculó”) en el Registro de la Propiedad, con el nombre de Santa Iglesia Catedral, argumentando su “toma de posesión” en 1236, mediante ceremonia litúrgica, y su consagración, poco tiempo después. Pero un ritual no prueba que un bien sea nuestro. Tampoco lo es el uso continuado ni la inscripción en el registro. La propiedad eclesiástica de la Mezquita es una verdad aparente, como la salida del Sol por el Este, que solo ocurre ¡dos veces al año! Bajo ella subyace la legítima verdad, desconocida para la inmensa mayoría de los ciudadanos/as. Podríamos argumentar, en primer lugar, que, siendo las Administraciones las que corren con los gastos de sus obras y su mantenimiento desde hace siglos, debería ser del Estado. Pero voy a profundizar un poco más: La inscripción en el registro se llevó a cabo gracias a un Real Decreto del Gobierno de Aznar en 1998, basado en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, que equipara la Iglesia con el Estado a la hora de inscribir inmuebles, y en el artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, que establece que las certificaciones para inscribir los edificios serán expedidas por los Diocesanos respectivos, cuando se trate de bienes de la Iglesia. Es decir, que una Ley y un reglamento preconstitucionales, que consideran a la Iglesia parte de la Administración Pública y “funcionarios” a sus Obispos, han permitido al Cabildo Catedralicio “apropiarse” de la Mezquita. ¿Cómo fue posible semejante aberración legal e intelectual, si el artículo 16.3 de la Constitución Española establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”?
Si la inmatriculación es inconstitucional porque atenta contra el principio de aconfesionalidad del Estado, entonces la Mezquita no es de la Iglesia. Es del propio Estado. O de los cordobeses/as. Solo hace falta que un juez derogue los dos citados artículos. O que se gane un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ni el ayuntamiento (de IU, hace varios años) ni la administración andaluza han impulsado medida alguna al respecto. Hace varios meses, un diputado cordobés del PSOE pidió al Defensor del Pueblo y al Alcalde de Córdoba que se le exija a la Iglesia el pago del IBI por este edificio (como manda la UE). Con los recortes del Gobierno central y autonómico en el punto de mira de la opinión pública, esta solicitud más bien parece una ocurrencia interesada de un partido que, cuando gobierna, no hace nada por darle al César lo que es del César. Es decir: Simple demagogia electoralista y… falaz, ya que nadie paga el IBI por lo que no es suyo. De llevarse a cabo, pondríamos fecha, firma y sello al expolio de la Mezquita y, de esta forma, este Patrimonio de la Humanidad se ocultaría para siempre ante nuestros ojos y, sobre todo, ante las arcas empobrecidas del Estado. No sé si lo haría por el Oeste, como el astro rey durante los equinoccios. Pero, probablemente, nos hundiría un poco más en este confesional solsticio invernal en el estamos atrapados.
Casimiro Jesús Barbado López Córdoba Laica
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